Uno de los administradores del complejo señaló la "falta de acompañamiento" del Estado municipal y provincial para revertir fallas estructurales, mantener los espacios y atender la vulnerabilidad social del barrio.
A raíz de las múltiples falencias que afectan hace años la calidad de vida de miles de familias que residen en el barrio Centenario, administradores del consorcio de este complejo pusieron en evidencia la “nula asistencia del Estado” para paliar dificultades tan estructurales como históricas.
Luego de que LA CAPITAL diera a conocer el malestar de un amplio grupo de vecinos por las condiciones en la que se encuentra el barrio, Martín Córdoba, quien desde hace siete años se encuentra a cargo de la administración del Consorcio C del barrio Centenario, indicó que a pesar de los tantísimos reclamos planteados ante Municipio y empresas prestatarias de servicios básicos como luz y agua, “no ha habido ningún tipo de respuesta favorable”.
“Los administradores destapamos cloacas, arreglamos luces, cortamos el pasto, hacemos lo que podemos y tratamos de administrar lo mejor que se puede. Arreglamos pérdidas de agua todos los días, reparamos luces siempre y ponemos voluntad, pero sin la ayuda del Estado no alcanza; es imposible revertir todo lo que está mal“, indicó Martín Córdoba, acompañado por el abogado Gustavo Bacigalupi.
En este sentido, primero, la red de agua constituye un delicado problema. Si bien el administrador negó rotundamente que el recurso se encuentre contaminado, como afirman y sienten algunos vecinos, afirmó que Obras Sanitarias “dejó de entrar al barrio a destapar y a mantener la red como debería”, lo que lleva a “inventar a diario cómo arreglar pérdidas dentro de lo posible”.
Asimismo, en cuanto a la proliferación de microbasurales que denuncian también los vecinos, el administrador aseguró que “no es desidia” del consorcio, sino que “la empresa 9 de Julio no entra al barrio” y entonces el 100% de la limpieza recae en el personal de los consorcios, junto a unos pocos contendedores.
Con respecto al mantenimiento del pasto, otro de los reclamos vecinales, Córdoba dijo que “son los administradores quienes lo cortamos solidariamente en la escuela provincial que funciona dentro del barrio, la plaza y los alrededores del Polideportivo abandonado” pese a que se trata en realidad de una responsabilidad del Municipio que “no está cumpliendo”.
El titular del consorcio C indicó además que existe una “gran morosidad” en el pago de expensas entre los miles de habitantes del complejo y aclaró que se les cobra entre 320 y 370 pesos por cada vivienda.
Se calcula que cerca de la mitad de la población del Centenario dejó de abonar sus expensas, lo que dificulta las finanzas y la disponibilidad de recursos en la “caja chica” de los consorcios para resolver problemas cotidianos.
“Los precios aumentaron significativamente pero hacemos un gran esfuerzo por mantener el valor de las expensas. Subió el combustible que usamos para cortar el pasto, el valor de las lámparas y ni hablar de la luz, aunque no tuvimos respuestas de EDEA al solicitar un amparo por el tarifazo, ya que de $4.000 pasamos a pagar más de 40.000 pesos, una cifra muy difícil de pagar y no recibimos ayuda de nadie”, sostuvo el administrador.
Por otro lado, indicaron que recurrieron al área de Obras Privadas de la Municipalidad tanto por la proliferación de construcciones ilegales como por la necesidad de realizar un censo dentro del Complejo.
“Me dijeron que intentaron plantearlo a la órbita de la Provincia y siempre se encontraron con oposición, no solo de este gobierno; es algo histórico”, indicaron Córdoba y Bacigalupi en ese sentido.
Martín Córdoba, administrador del Consorcio “C” del Complejo Centanario y el abogado Gustavo Bacigalupi.
Otro de los problemas se genera en torno al servicio de gas. “Estamos bastante aislados y con Camuzzi nos pasa que ante el retiro de los medidores por distintos motivos, por seguridad, mucha gente no puede pagar la reconexión y termina volviendo a usar garrafas, lo lo que constituye otro peligro para el barrio”, agregaron.
En materia de Desarrollo Social, en tanto, este barrio fuertemente estigmatizado tampoco cuenta con acompañamiento del Estado. Los administradores desconocen cuándo fue la última vez que asistentes sociales recorrieron los pasillos para acercar herramientas de contención a familias en extremo grado de vulnerabilidad social.
“Hay que dejar en claro que no es un problema de la administración con los vecinos”, dijo el abogado y aseguró que “es algo mucho más complejo” y que “buena parte de los problemas vienen de años, de antes, de siempre, pero sin ayuda del Estado es imposible revertirlos”.
Larga espera por una sentencia judicial clave
Buena parte de las fallas estructurales del complejo Centenario están volcadas detalladamente en el expediente de más de 30 cuerpos de una causa judicial iniciada a fines de los ’90 que insólitamente continúa abierta pero sin resolución ni sentencia.
La causa judicial contempla presuntos “vicios” en la construcción del complejo. Los vecinos -respaldados por informes técnicos- plantean junto a sus abogados que la estructura tuvo “gruesas fallas” desde su realización y aguardan resoluciones que permitan revertir el riesgo de derrumbe bajo el que viven.
La abogada Liliana Castañeira, quien representa a vecinos de casi 900 unidades funcionales del Centenario, inició en 1997 un juicio por daños y perjuicios contra la Provincia de Buenos Aires por “vicios ocultos” en la construcción del complejo, donde viven unas 15.000 personas en casi 1.600 viviendas.
Los administradores del Complejo entienden que los fondos embargados en el marco de este extenso proceso judicial serían “una salida” a varios de los problemas, ya que el dinero permitiría revertir alarmantes problemas estructurales en el barrio.
“Queda claro en ese proceso que el complejo se entregó sin final de obra. La gente, ante la necesidad de tener una vivienda, se mudó y empezó a vivir sin los caños que correspondían, sin las conexiones bien hechas y eso, con el tiempo, derivó también en muchos de los problemas que tenemos”, sostuvo Martín Córdoba.
El abogado de la administración, en tanto, señaló que “ese dinero que parecería estar frenadísimo en el marco de la causa es verdaderamente necesario para arreglar partes importantes del complejo, que se creó con un fin social, pero una vez que se entregaron las viviendas, el Estado desapareció”.